Propuesta

REFORMA POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO

El gobierno del Perú, viene promoviendo una serie de cambios en nuestra legislación bajo la denominación:” Reforma Política”, y ha presentado al Congreso de la República doce proyectos de ley que implican tres ejes temáticos. Nuestra institución, comprometida con la democracia en todos los países latinoamericanos donde intervenimos, hemos tratado de consolidar estos tres ejes teniendo siempre una visión política transversal:

Reforma Constitucional
Reforma Electoral
Reforma de la legislación penal
Para el análisis respectivo la FUNDACION CARLOS ECHEVERRI, consultó a expertos en las especialidades de los ejes mencionados,  a fin de conjugar en este documento sus pareceres y propuestas. De igual manera, hemos agregado conclusiones y recomendaciones de diversos eventos y posiciones expresas, promovidos como entidad preocupada por la necesidad de modificar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, mejorar la calidad de democracia que se vive, y proseguir en los objetivos de justicia social tan necesarios.

Consideramos, que el debate sobre estas y otras propuestas, debe tener una hoja de ruta necesaria e interiorizada entre la población, para que la conjunción de ideas de manera democrática, tenga como correlato en propuestas, conclusionesy leyesviables que en verdad modifiquen los niveles de convivencia y consigan una sociedad más equitativa, justa y con respeto de las partes.

Bogotá, julio del 2019

PROPUESTA INTEGRAL DE REFORMA POLITICA DE LA FUNDACION CARLOS ECHEVERRI CORTES-FCE

EJE CONSTITUCIONAL:

Estas son algunas reflexiones e ideas sobre temas referentes a éste eje:

PREMISAS

Se considera, que se heredaron dos problemas del último referéndum, y que hubieran permitido tener una mejor reforma política.

– Con la aprobación de la no reelección se “ha amputado a la ciudadanía el derecho a renovarle la confianza” a aquellos congresistas que tuvieron buen desempeño. Es decir, la ausencia de la experiencia de cuadros parlamentarios se notará en los siguientes parlamentos, conllevando a que se deteriore su producción y responsabilidad.

-La bicameralidad, no resolverá en símisma, el problema de representación y calidad del Parlamento, sí es necesario e imprescindible que esté en el debate de la reforma política, los pueriles argumentos sobre el “costo” y la misma inercia de trabajo, obvian el fondo del debate

-Acelerar las reformas puede generar malos resultados, como fue el caso de los alcanzados con la reforma judicial y la primera convocatoria para la Junta Nacional de Justicia- JNJ

PROPUESTAS DEL EJECUTIVO

– En cuanto la Ley de Reforma Constitucional para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia (PL 4185/2018-PE): El Art. 108, parte de la premisa de que un proyecto de ley “ha sido aprobado según lo previsto por la Constitución”. No queda claro por qué un proyecto que ya ha sido aprobado según lo previsto por la Constitución, deba tener una votación más exigente cuando reciba observaciones de parte del Ejecutivo. Tampoco parece muy probable que un proyecto que fue inicialmente aprobado por mayoría simple, reciba una aprobación de dos tercios después de las observaciones presidenciales. Y si estas observaciones o propuestas no son aprobadas por el Congreso, y la votación en un sentido u otro no alcanza los dos tercios, entonces el proyecto vivirá en el limbo por toda la eternidad. No queda claro cómo esto puede promover la gobernabilidad o fortalecer la democracia

-En cuanto al Art. 113 sobre vacancia presidencial, se ha suprimido la causal de incapacidad moral. Se retiene la causal de incapacidad física debidamente comprobada, para lo cual se exige también una votación de dos tercios del número legal de miembros del Congreso. Lo lógico parecería ser que la incapacidad física fuese médicamente comprobada, y no por votación de los miembros del Congreso. Al fin y al cabo, una incapacidad física comprobada no depende de los votos que reciba el presunto incapaz. Por otro lado, ¿qué pasaría si el Presidente incurriera públicamente en actos reñidos con la moral, o en hechos de corrupción flagrantes? Esta situación no está recogida entre las causales de vacancia presidencial. Siendo que estas reformas constitucionales obedecerían, según se declara, a una “política de Estado de lucha contra la corrupción”, es extraño que la corrupción no aparezca mencionada ni en el Art. 113, ni en el Art. 117.

– En cuanto la Reforma Constitucional sobre el contenido y alcances de la Inmunidad Parlamentaria (PL 4192-2018-PE), 4191-2018-PE),Sobre este tema, debe prevalecer el principio de separación de poderes. La Comisión de Alto Nivel concluye así, que conviene trasladar esta responsabilidad a la Corte Suprema.Sin embargo, se debe tener presente que, en otros países, regímenes populistas han copado todas las instituciones, incluido el Poder Judicial, y lo han utilizado para perseguir a sus opositores o rivales políticos. Lo que demuestra que en todas las instituciones hay personas que pueden hacer mal uso de las prerrogativas que les otorga la ley. Como siempre, el problema son las personas y no las leyes.  Pero en todo caso, el mandato de los congresistas es de cinco años, mientras que el de los magistrados de la Corte Suprema, que son elegidos por el Congreso, es de siete. Lo que quiere decir que el supuesto encubrimiento durará menos en el caso de que dependa de los congresistas.

EJE ELECTORAL:

Estas son algunas reflexiones e ideas sobre temas referentes a éste eje:

NUESTRAS PROPUESTAS

-Debería haber, procesos electorales separados en el tiempodel ejecutivo y del legislativo, para una mejor transparencia y claridad política.

-La reglamentación de la temporalidad de una campaña electoral, propondrá una equidad económica y política entre los contendientes.

-El Sistema electoral del Perú (JNE, ONPE y RENIEC), es excesivamente burocrático y sin antecedentes en el mundo; desde su implementación constitucional, no se ha mostrado la articulación, eficiencia, transparencia y agilidad en los procesos electorales del país. Debería subsumirse la ONPE dentro del Jurado Nacional de Elecciones.

-Fortalecimiento de los Partidos Políticos. Hay que fortalecer en todo sentido (político, reglamentario, democrático, económico, etc.) a los partidos políticos y tender a la exclusión de los movimientos regionales y locales de la escena de decisión.

-Se debe seguir estudiando para llegar a un consenso, si debe haber Voto voluntario u obligatorio.; Es falso que el voto voluntario deslegitima a la autoridad, pues se  considera que es un voto más consciente e informado. Mientras que el voto libre y voluntario, puede tender a la reflexión de la decisión democrática por los ciudadanos que en verdad concurran a los comicios sin presión alguna, y sobre todo del Estado, ello podría incidir en voto mejor informado. El voto obligatorio, mantuvo en décadas los altos índices de participación ciudadana en cada proceso electoral convocado; si bien es cierto, que la obligación de participar es latente, considera, que la legitimidad de la participación del voto válido da fuerza a la gobernabilidad del país; éste voto(el obligatorio) tiene un efecto muy fuerte en una mayor participación electoral de la ciudadanía en América Latina. Los costos argumentados como adherentes a la economía de los votantes, como: accesibilidad, costos de transporte, pérdida de la jornada laboral, tiempo en la acción de traslado y ejercicio del voto, etc. pueden ser causales a la ausencia de sectores de menos recursos si el voto es voluntario. En tal sentido, sólo sectores de mejor ingreso económico, más politizados, etc. Si lo harían, lo que convierte a nuestra democracia de baja intensidad y participación.

-Eliminación del voto preferencial. El voto preferencial (que principistamente el Apra se opuso desde hace 41 años) ha sido nocivo para la construcción de un sistema de partidos que sostenga la democracia -Hay que combatir, y no sólo desde las instituciones del Estado, la injerencia del “dinero negro” en los partidos e instituciones representativas del país -. La oligarquización de las campañas electorales internas y externas, han sido propias de una sociedad de consumo y no de una mayor información electoral. Es desigual, individualista, y sus elegidos responden a sus intereses y no a las colectividades en que postularon, es evidente que se afecta la unidad y disciplina de los partidos, ya que son representantes de intereses y vínculos clientelistas. El dato de la Comisión sobre que entre el 24 y 39% de las actas congresales de imputaciones con voto preferencial han tenido algún tipo de observaciones, demuestran que la ciudadanía tiene niveles de hastío ante esa falta de mensajes dentro de las campañas de propaganda electorales de individuos y no colectividades, lo que no garantiza un ejercicio coherente, justo y recto del elegido, porque éste alude su individualidad y no dependencia de partido alguno ( salvo los que si argumental compromiso ideológico).

-La renovación de candidatos o representantes, debe ser también a razón de la edad; la valla de los 35 años para ser Presidente de la República y 25 años para congresista, son el reflejo de una realidad distinta a la actual, donde los procesos de formación personal e individual, se inician a temprana edad cronológica y su incorporación a la Población Económicamente Activa-PEA, incide en esa formación y por ende en la necesidad de modificar usos y costumbres dentro de los entes representativos de la población. Un tema interesante es bajar la mayoría de edad a los 16 años, en vista de que esa población ingresa por diferentes causas a trabajar tempranamente y tener otras obligaciones (incluso legislación penal y civil especial) que inciden en decisiones y deberes para con si y la sociedad.

-Es vital, como en las democracias más avanzadas, que los líderes de los partidos políticos sean también congresistas, para que el debate de los espacios cotidianos y públicos, sean trasladados en los niveles de decisión social y política.Viabilizar la política de la calle y la sociedad, al espacio referencial de la democracia como es el Congreso, y que el debate público sea allí y no para y por los medios de comunicación social de los poderes fácticos.

– Existe una indudable crisis política y partidaria, allí nacen diversos problemas para nuestra endeble democracia, pero no son los actores exclusivos de ésta los son también la burocracia con decisión, es la que incide en las normas que regulan a los partidos políticos, sin conocer su realidad interna, desarrollo histórico, ni influencia democrática;responsabilidad; así como, que sean miembros de la Corte Suprema que dirijan al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sin que exista la especialidad electoral en sus hojas de vida o correlato curricular.

-Estamos de acuerdo, con la cuota de trabajadores en las listas de candidatos a todo nivel; en vista del altísimo porcentaje de representantes individuales o colectivos del sector empresarial (aproximadamente, el 80% de los congresistas son o los representan) es una mala señal de la plutocratización de los representantes en el Congreso y de los gobiernos sub nacionales; la existencia de la cuota de los trabajadores, como sostén ético, político y social de la mayoría de la ciudadanía (16 millones de trabajadores de los 22 millones de votantes) hará tener mejores interactuantes y canales de comunicación con los sectores formales e informales de la población, de manera directa.

-Como país y sociedad, tenemos 20 años tratando de mejorar el tema electoral y su reforma, sin decisiones profundas y estructurales.La necesidad de un Código Electoral, con reglas permanentes y previstos calendarios, hará la sostenibilidad necesaria para la obtención de un sistema de partidos coherente con nuestra realidad.

-El voto preferencial, debe ser de uso exclusivo de la democracia interna de los partidos, y conlleva un tema de educación cívica y política. Oligarquiza” su elección, mercantiliza su proceso, y no necesariamente ha mejorado la representación de la elección popular de autoridades y la gestión de los elegidos.

-No tenemos indicadores de la “calidad de democracia” que existe y nos merecemos.

-El voto electrónico, sigue en prueba técnica y en simulación nacional desde hace casi dos décadas, sin conocimiento público de sus resultados ni la debida capacitación nacional sobre ello, el problema pasa por la falta de transparencia de los órganos electorales al querer imponer su uso.

-Un tema que no debe escapar del análisis es  el sorpresivo aumento del ausentismo y del voto viciado en las últimas elecciones generales. . No se ha realizado un exhaustivo  debate democrático y análisis de éste fenómeno, el cual es necesario,  porque es parte de la  crisis del sistema político y la calidad de democracia que se tiene.

-Estamos de acuerdo con mejorar la representación cuantitativa a razón de la población, la cual debe extenderse  a nivel de los gobiernos subnacionales, significa también que debe existir una nueva delimitación territorial electoral, que conlleve una mejor disposición de la cifra repartidora y de la votante peruano en el extranjero. Esta mejor representación, pasa por un Congreso donde exista proporcionalidad de sus representantes con el número de votantes (220 congresistas).

-Ante falta o renuncia de un congresista a su grupo parlamentario, la consecuencia debe ser la pérdida de la curul por el actuante y no del partido, ya que el Congreso es elegido por el voto popular hacia el grupo político que lo representa.

-Construir estadios de decisión social desde y hacia el Acuerdo Nacional, con participación de las categorías del trabajo, es una tarea aún vigente y que tenderá a la calidad de democracia que se necesita; el rol de las redes sociales es importante en ello.

-La libertad de conciencia y pensamiento, que estaba en la conceptualización de la ley N°30793 que prohibía la publicidad del Estado en medios privados (Ley Mulder), tiene como inspiración el monopolio informativo de los grupos de poder fácticos; en el nuevo tipo de democracia social que debe construirse a base de un nuevo contrato social, las mayorías deben tener ésta libre elección de sus patrones de conducta y decisiones democráticas sin presión de esos sectores de poder, que inciden en los patrones culturales y de implicancia social de los medios de información y comunicación. Ello se visualiza en la propaganda electoral, por la discriminación social en la postulación a cargos de elección popular, a razón de la excesiva la representación de los sectores empresariales en la política en detrimento de la transparencia y libre voluntad de ejercer el voto ciudadano; en tal sentido, debe existir una mejor propuesta consensuada entre los actuantes electorales para impedir ésta injerencia nociva contra el voto.

PROPUESTAS DEL EJECUTIVO

-Sobre la representatividad en el Congreso, es importante lo consignado de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política- CARP en el sentido de que el Perú es el 5to. País en número de habitantes y electores en Latinoamérica, pero es el 14° con respecto al número de congresistas. Hay desproporción entre cantidad de escaños y la población electoral. Un congresista representa actualmente a 179,000 electores, que es inferior a la media del resto de los parlamentos. Lo ideal es que exista un representante por cada 100,000 electores, realizarlo puede ser impopular, la progresividad de su crecimiento con la exposición de los motivos para hacerlo, podría ser motivo de ampliar el espacio de discusión con actores diversos de la ciudadanía, la academia, los partidos políticos, etc. y perfeccionando, la calidad de la representación (circuitos electorales) relacionado con el congresista.

– La elección de representantes de peruanos en el extranjero es crucial, ya que a pesar de ser una diáspora de intereses en realidades distintas y muchas de ellas no sincronizadas con la del mismo país aportan económicamente con el producto bruto mediante las remesas o inversiones en el territorio nacional o de la difusión de las expresiones culturales y sociales del Perú en sus habituamientos, teniendo necesidades de apoyo del Estado y protagonismo en espacios internacionales que reclaman una presencia más decidida.

-Democracia interna: La utópica propuesta de la Comisión de alto nivel (CARP), sobre la participación de las internas de los partidos que debe superar el 1.5% del número de electores de la última elección general en cada uno de ellos, cuando el total de afiliados a todos los partidos políticos del país sólo llegaría al 0.7% del total de votantes. Asimismo, la obligatoriedad de que el requisito de participar en las internas de los partidos, es tener un año de afiliación en su organización, es violatorio de los estatutos de los partidos que están inscritos como asociaciones civiles en la sunarp y en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de elecciones, donde cada uno optó por diversas temporalidades para ejercer sus deberes y derechos internos.

-Debe fijarse el sueldo mínimo vital como medida de pago en el montode las remuneraciones de los representantes Congresales. Sin que ello signifique, no aislarlos de la realidad remunerativa del Estado Peruano.

-Las listas de candidatos en los diversos cargos de elección popular, deben ser alternadas por sexo, y con las listas cerradas.

-Reducir los niveles de informalidad, cancelando la inscripción de partidos que no participen en elecciones legislativas, regionales y locales, por más de una elección.

– No está claro el argumento de la CARP, para aumentar de cuatro a cinco años los periodos de los gobiernos subnacionales; ello no garantiza una mejor calidad de fiscalización, control, e implementación de políticas públicas.

– Algunas  posturas de la Comisión, sobre el fuerte ausentismo de miembros de mesa (29.5% en el 2016) debe obligar a una racionalización de las mesas e incentivos a responsables de las mismas y sobre la derogatoria de la llamada “ley seca”, consideramos que estas y otras que se relacionan con el día de la votación, deben aprobarse. Con el agregado de mantener la prohibición de difundir las encuestas con una semana de antelación a dicho acto, y extender todo muestreo(boca de urna, conteo rápido, etc.) a por lo menos, cuatro horas de cerrada la votación.

– Nuestra concordancia de opiniones con la CARP en cuanto su rechazo al voto preferencial de los votantes, obliga también a rechazarala misma Comisión, cuando se desdice y lo traslada al escenario de la democracia interna de los partidos, favoreciendo su existencia y olvidándose los vicios que mantiene, porque no se renueva ni el sistema de partidos ni se obtiene mayor cantidad o calidad de los cuadros partidarios. El desconocimiento que tienen los miembros de la CARP sobre la vida y cotidianeidad de los partidos, lo demuestran cuando aseveran: “…podríamos tener una competencia democrática más ordenada, las disputas internas se dirimirían en las elecciones internas y en las elecciones generales se podrá presentar una oferta política más coherente.”, y los debates para producir propuestas, donde estaría en ese esquema? ¿Y las demás cuotas de género, edad u origen no están en estos espacios, ni menos la propuesta de cuota de trabajadores para las candidaturas de los partidos? Son vacíos no explicados en los proyectos presentados.

– Creemos, que la propuesta sobre las condiciones de votar de las personas con discapacidad,son recurrentes para propiciar una mayor equidad de los ciudadanos para ejercer su voto: habilitar mesas de sufragio especiales, el acompañamiento hasta la cámara secreta del votante por una persona que le apoye, utilización de cédulas de sufragio especiales que permitan el voto. De igual manera, se debe facilitar el derecho al voto de las personas no sentenciadas.

EJE PENAL:

-El sexto Proyecto: Ley de Reforma Constitucional sobre los impedimentos para ser candidato a cargos de elección popular (PL 4190-2018-PE), que busca evitar la postulación de candidatos con procesos pendientes por delitos dolosos graves y sentencia en primera instancia. La Fundación, está de acuerdo contodo lo que promueva la gobernabilidad y lucha contra la corrupción, sin afectar los derechos humanos de los ciudadanos; la CARP propone que no se permita contar con candidatos con sentencia condenatoria en primera instancia en el Poder Judicial, ello estaría violando estos derechos de los procesados, cuando se les impide ser candidato al tener sentencia negativa en un primer momento procesal, cuando la ley da la opción de que puede ser aun impugnada y proseguir el proceso.

AGRADECIMIENTO

Como ya lo hemos expresado en líneas iniciales, estas ideas expuestas son gracias a la colaboración de especialistas en la materia como son: Víctor García Toma, César Bazán Naveda,  Augusto Thornberry, Germán Luna Segura, Alan Salinas Ramírez, Germán Peralta Rivera, Ricardo Yturbe  López y Santiago Barreda Arias.

A todos ellos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ellos en nuestros próximos análisis de la coyuntura nacional.